Este viernes,
14 de diciembre, tuvo lugar en valencia
una protesta liderada por una mujer en silla de ruedas que se encadenó a las
puertas del Palau de la Generalitat,
con el fin de reclamar los pagos atrasados y los recortes en materia de
dependencia. A raíz de esta noticia se están empezando a ver las consecuencias
de la última modificación de la Ley de Dependencia (BOE, viernes 3 de Agosto
del 2012).
Esta Ley, aprobada
en 2006, es una ley universal a la que tienen derecho todos los ciudadanos/as
españoles que se encuentren situación de especial vulnerabilidad, reconoce el
derecho de estas personas a recibir apoyos para desarrollar actividades de la
vida diaria, buscando la autonomía personal de ellas mismas y sus cuidadores. Llamada
a convertirse en el cuarto pilar del Estado del Bienestar.
Seis años después,
la última modificación, Real Decreto-Ley 20/2012, aprobada por el actual
gobierno establece los siguientes
cambios:
- LA REDUCCIÓN DE LAS PRESTACIONES
económicas, las personas que se ocupen de cuidar de un familiar la prestación
se reduce en un 15%. Y la opción de aumentar esta reducción para cada comunidad
de hasta un 85%.
- LA ELIMINACIÓN DE LAS COMPATIBILIDADES
entre servicios, no podrán combinarse varias ayudas la teleasistencia es la
única excepción.
- LA ELIMINACION
DE LAS COTIZACIONES DE LOS CUIDADORES NO PROFESIONALES (FAMILIARES), que
además deberán vivir obligatoriamente con el dependiente.
- El
establecimiento del COPAGO: Pudiendo
llegar hasta el 90% en función de su capacidad económica, será progresivo, para
rentas superiores al IPREM (532 euros mensuales), solo quien tenga rentas
inferiores se librará.
- LOS PAGOS RETROACTIVOS QUEDAN RESTRINGIDOS,
hasta dos años SIN GENERAR RETROACTIVIDAD en lugar de los seis meses actuales.
- Los
dependientes MODERADOS NO ENTRARÁN EN EL
SISTEMA HASTA 2015
- SE ELIMINAN LOS NIVELES quedándose los
tres grados, de los cuales hasta el 2015 solo entran en el sistema de
dependencia los GRADOS III y II.
En esta época de
crisis es cierto que hay que aunar esfuerzos en pro del equilibrio económico y
de la sostenibilidad de las ayudas, pero por ello precisamente no se puede
dejar de lado a las personas que más ayuda necesitan. Consideramos que se debería
hacer una buena gestión y administración de las ayudas a las personas que
verdaderamente lo necesitan.
Con esta
medida es muy posible que por ahorrarse unos euros personas con gran necesidad
se queden sin ellas. En nuestra opinión creemos que se debería mejorar las
valoraciones que se realizan para determinar la dependencia a las personas,
para hacer una evaluación real de las necesidades de las mismas. Se gastaría
menos y se perjudicaría a menos gente si las valoraciones las realizarán de
forma profesional, valorando técnicamente y de manera real las necesidades de
cada uno.
Con esta
situación es más que comprensible las actuaciones de muchas personas con
dependencia que con pagos acumulados, o sin derecho a prestaciones salgan a las
calles a manifestarse y reclamar sus derechos. Lo que iba a ser el cuarto pilar
del bienestar, se está desmantelando a ritmos alarmantes, y no lo debemos
permitir.
Mientras se piense que la aplicación de la Ley
de Dependencia es un “gasto inviable” y no una inversión social, seguiremos contribuyendo
a la exclusión social a las personas dependientes y sus familias.
Mejorar esta
situación actual no solo es necesario por lo que está aconteciendo ahora sino
también es mirar al futuro, a fin de cuentas todos llegaremos a tener dependencia
en mayor o menor medida.
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